Del salario mínimo a la ruina máxima

El Gobierno sigue empeñado en incrementar el salario mínimo a toda costa, sin pensar bien en los efectos perversos que tiene para el conjunto de la economía. Ahora, prorroga el importe actual de 965 euros, pero con el firme propósito de seguir aumentándolo. Esto supone un elemento que puede frenar la recuperación española, especialmente en unos momentos en los que venimos de una dura caída de actividad, de elevado desempleo, que si no ha sido mayor se ha debido a los ERTE, pero que, aun así, tras esa figura hay más de 100.000 personas que no saben si podrán mantener definitivamente su puesto de trabajo, a los que habrá que sumar los que cesen en su empleo si se mantiene la incertidumbre económica derivada de las medidas restrictivas intermitentes aplicadas por los gobiernos en el marco de la pandemia.

Esa subida que pretende acometer el Gobierno tiene como horizonte el entorno de los 1.100 euros para 2023, de manera que para 2022 pretende llevarlo hasta alrededor de los 1.000 euros mensuales. Por mucho que el Gobierno haya dicho en anteriores ocasiones que los organismos internacionales no ven mal esta medida, no es así. Por supuesto que los organismos internacionales han alertado del peligro que puede constituir la subida del salario mínimo en más de un 20%, incremento ya superado con creces con la primera gran subida que acometió Sánchez. De hecho, tanto la Comisión Europea, como el FMI y la OCDE en distintas previsiones, alertaron de ello en su momento. Es más, la Comisión Europea llegó a decir que dicho incremento del salario mínimo pudo impedir la creación de 70.000 puestos de trabajo, cifra que el Banco de España elevó después, al establecer una horquilla de entre 78.000 y 143.000 puestos de trabajo que se dejaron de crear sólo por la subida del salario mínimo un 22,3% en 2019; por tanto, las subidas posteriores y esta última pretendida por el Gobierno, ahondarán en el efecto negativo sobre la actividad económica y el empleo.

Por otra parte, dentro de esta medida, los más perjudicados van a ser los laboralmente más débiles. Hay provincias o regiones, como Madrid, donde tendrá un efecto menor, por el mayor nivel salarial ya existente, aunque también se verá perjudicada su economía por esta medida; pero hay otros lugares, provincias o regiones donde el coste salarial y laboral son menores, donde el tipo de trabajo tiene una menor remuneración por su aportación al valor añadido que genera, que puede hundir la actividad en dichos lugares. En cuanto a las personas, por segmentos, las menos cualificadas se verán expulsadas del mercado de trabajo, por no ser capaces, con su trabajo, de crear suficiente valor para cubrir su coste laboral más el margen necesario que necesita la empresa para poder continuar con su actividad, o se verán arrastradas a la lacra de la economía sumergida, que hay que erradicar y perseguir, pero que, con esta medida, podría incentivar el Gobierno, donde aumentaría el fraude, perderían derechos los trabajadores, se recaudaría menos, tanto en impuestos como en cotizaciones a la Seguridad Social, y se incrementaría el gasto, pues aumentaría el número de prestaciones por desempleo.

En ese grupo se encuadran muchos jóvenes, que con una tasa de paro del 40% recibirán la puntilla en su horizonte laboral con una barrera como la del salario mínimo, que aumenta los costes de su contratación, eliminando muchos potenciales puestos de trabajo y dejándoles, por tanto, en una precariedad mayor: sin empleo y sin esperanza de encontrarlo.

Adicionalmente, a los autónomos les encarecerá sus cuotas a la Seguridad Social, ya que al cotizar muchos por el mínimo, se verá incrementada dicha base mínima de cotización, que supondrá un coste superior para dichos trabajadores por cuenta propia. Por tanto, el Gobierno se equivoca, de nuevo, seriamente, con el salario mínimo. No hay que subirlo, porque empeora la creación de empleo.

El Gobierno, en su afán buenista y socialista, pretende anestesiar a los ciudadanos y darles a entender que es perfectamente factible subir la renta y riqueza de las personas por ley –en el caso de este Gobierno, preferiblemente por decreto-ley, cuando, sin embargo, la realidad va por otro lado. Pueden subir mucho el impuesto de Sociedades a las compañías, pero éstas no lo pagarán, porque se llevarán la producción a otra parte. Pueden hacer que los bancos paguen un impuesto, pero éstos lo repercutirán en sus clientes, con mayores comisiones y tipos de interés en los préstamos y créditos. Y pueden subir el salario mínimo, pero muchas empresas no lo pagarán, o, mejor dicho, se lo pagarán a menos trabajadores, porque contratarán a menos o, incluso, se quedarán con menos, es decir, despedirán.

Es muy sencillo y es algo que entiende cualquier alumno de económicas: si se sube artificialmente un precio –y el salario es el precio del trabajo- los demandantes de ese bien –en este caso, el trabajo- demandarán menos de ese bien. ¿Quiénes son los demandantes de trabajo? Las empresas, al tiempo que los oferentes de trabajo son los trabajadores, que son quienes ofrecen su trabajo a cambio de cobrar un salario –de cobrar un precio-. Por tanto, si subo el salario, muchos trabajadores querrán trabajar, pero las empresas estarán dispuestas a contratar a menos trabajadores, porque a ese precio no podrán cubrir los costes laborales –lo que les cuesta el trabajador- más el beneficio que tienen que obtener con su actividad para asegurar la continuidad de la actividad económica y el empleo. ¿Qué sucederá entonces? Que muchos trabajadores se verán despedidos o se verán condenados a la economía sumergida. ¿Cuánto habrá logrado el Gobierno que suba el salario de estos trabajadores? Nada; más bien habrá provocado que pasen de ganar el salario que tenían antes a no ganar nada, o a ganar un salario en la economía sumergida –que hay que perseguir y erradicar, pero que, como digo, el Gobierno incentiva de manera absurda con estas medidas- y tener, por tanto, menores derechos sociales, como el devengo de los derechos para cobrar una pensión en el futuro. Al mismo tiempo, el Estado ingresará menos por cotizaciones sociales y por impuesto de la renta, así como por los indirectos, al bajar el consumo.

Por tanto, con esta medida demagógica el Gobierno sólo conseguirá destruir tejido productivo, generar, con ello, desempleo –especialmente, el de los trabajadores menos cualificados- y disminuir la prosperidad. Es la receta de Maduro, y ya ven cómo está Venezuela. El salario mínimo nos lleva a la ruina máxima.